#Comunicado

Declaración de los Consejeros del Consejo Provincial de Hábitat y Vivienda

14/12/2017

Sobre el proyecto que elimina la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires

Ayer se dio a conocer el proyecto de ley del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires para modificar la estructura ministerial del Gobierno. De aprobarse, el proyecto supondrá un agravamiento de la ya débil y deficiente intervención del gobierno provincial sobre el problema habitacional.
 
El proyecto elimina la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y traslada parte de sus competencias al Ministerio de Desarrollo Social, que pasa a ser responsable de los procesos de regularización dominial y de las obras de mejoramiento de hábitat. A su vez, crea el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) en el ámbito de Jefatura de Gabinete, un ente autárquico encargado de los procesos de integración socio-urbana de villas y asentamientos. Las tareas de urbanismo y construcción de viviendas sociales se  mantienen en el ámbito del Ministerio de Infraestructura. El desmembramiento de la política de vivienda en tres carteras supone fragmentar la intervención pública sobre un problema que sólo puede ser abordado eficientemente desde una perspectiva integral. La informalidad dominial, la precariedad de las viviendas, el déficit de los servicios urbanos, los loteos informales, los altos precios del suelo, son fenómenos articulados entre sí. Una política habitacional efectiva debe diseñar acciones que, en sus intervenciones, den cuenta de esta complejidad.
 
En segundo lugar, esta modificación debilita la ley de acceso justo al hábitat –LAJH- (N° 14449), una herramienta indispensable para abordar la situación habitacional de la provincia, que ha sido reconocida internacionalmente como una política pública innovadora. La aplicación de la norma queda bajo la órbita del OPISU, restringiendo los alcances de su implementación. La ley reconoce principios e instrumentos de política territorial con el fin de generar procesos de producción de la ciudad más justos e inclusivos, que contemplen oferta de tierra y vivienda accesible para todos los sectores sociales. Esto incluye programas para mejorar las condiciones urbanas de los barrios informales, pero también, por ejemplo, para modificar ciertas prácticas del mercado inmobiliario que excluyen a sectores bajos y medios. Insertar la implementación de la ley en el OPISU supone acotar su alcance a la intervención remedial sobre villas y asentamientos, una acción imprescindible pero insuficiente para modificar las dinámicas estructurales que reproducen el déficit habitacional en la Provincia de Buenos Aires.
 
Por último, el gobierno de la provincia propone esta modificación desconociendo la existencia del Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat, creado por la ley como órgano de consulta y asesoramiento en el proceso de implementación. Este Consejo está presidido por el Poder Ejecutivo e integrado por legisladores, gobiernos municipales, consejos profesionales, universidades y organizaciones sociales y, a lo largo de tres años de intensa actividad, se ha convertido en un actor ineludible en el proceso de implementación de la ley. Sin embargo, el Consejo no ha sido convocado para una instancia de diálogo en relación a esta propuesta. 
 
En base a todo ello nuestra posición es clara y contundente:
 
1. No aprobar el proyecto de reforma de la ley de Ministerios que desmantela la Subsecretaría Social de Urbanismo, Tierra y Urbanismo.
2. Fortalecer su capacidad financiera y de gestión de las políticas territoriales en simultáneo con la aplicación de instancias participativas como exige la ley de hábitat.
3. Poner en marcha un Plan Provincial de Integración Socio Urbana de Villas y Asentamientos en el marco de lo establecido en la ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat articulando con eficiencia y eficacia las capacidades de la Subsecretaría con la de otras dependencias del gobierno provincial.
4. Diseñar el plan con un enfoque que priorice los derechos humanos de las familias vulneradas de nuestra provincia dotándolo de capacidad de construcción de consensos políticos con municipios y organizaciones territoriales y de las fuentes de financiamiento aseguradas.