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#TerceraEdición

1 minuto contra la Violencia Institucional

02/08/2017

La UNLa a través de la Licenciatura en Audiovisión y el #IJDHUNLa convocan a la tercera edición de este concurso audiovisual.


La Universidad Nacional de Lanús, a través de la Licenciatura en Audiovisión perteneciente al Departamento de Humanidades y Artes y del Instituto de Justicia y Derechos Humanos “Eduardo Luis Duhalde” convoca al concurso “1 minuto contra la Violencia Institucional”.

Tenes tiempo hasta el 10/9 para enviar tu video minuto



¿Por qué te proponemos trabajar sobre la violencia institucional?
 
El 8 de mayo de 2017 se cumplieron 30 años de la “Masacre de Budge”, uno de los primeros casos de violencia policial en democracia. A partir del reclamo de familiares y organismos de derechos humanos que lucharon para esclarecer y lograr justicia frente al fusilamiento policial de tres jóvenes que se reunían en una esquina del barrio de Budge, se dio inauguración a una serie de denuncias que apuntan a un patrón de violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad y amparadas por un Estado de derecho. A diferencia de lo ocurrido durante la última dictadura, ya no se trataba de un plan sistemático de represión estatal contra militantes políticos o sociales, sino de prácticas difundidas y anquilosadas en la estructura estatal que tienen como principales víctimas a los jóvenes de los barrios populares.
La denuncia del “gatillo fácil”, cómo se denominó a estos fusilamientos, señalaba que los abusos policiales no eran resultado de “una manzana podrida” sino que se trataba de una práctica institucionalizada y sistemática. El antecedente más importante para estas denuncias eran las publicaciones de Rodolfo Walsh en el periódico de la CGT, en particular una de mayo de 1968 donde concluía que “la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata”. Pero, en el contexto de transición a la democracia, el nuevo cuestionamiento del ejercicio de la violencia policial llevó a preguntarse, por primera vez, acerca de los derechos humanos que estaban siendo violados. De este modo se profundizó en una investigación sobre los procedimientos, las normas, los decretos, edictos y leyes que legitimaban estos abusos que van desde la detención arbitraria y el hostigamiento, hasta la desaparición forzada, la tortura y la muerte. Las fuerzas de seguridad y penitenciarias fueron denunciadas como las principales responsables.
En los últimos años, desde diferentes poderes del Estado se reconoció la problemática de la violencia institucional. Así el Ministerio Público Fiscal creó la Procuración contra la Violencia Institucional (PROCUVIN), el Congreso de la Nación estableció el 8 de mayo como el Día Nacional de Lucha Contra la Violencia Institucional (Ley Nº 26.811 de 2012) y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Educación de la Nación han publicado el cuaderno Los derechos humanos frente a la violencia institucional, donde afirman que “se trata de prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda, internación, etc.)". En este sentido, la Ley Nacional de Salud Mental también implicó un avance importante contra la violencia en situación de encierro en manicomios y otras instituciones de salud. A pesar de estos avances, lo cierto es que el abordaje de la violencia institucional continúa siendo una tarea pendiente.
En la actualidad los familiares y las organizaciones de derechos humanos y antirrepresivas denuncian que muere una persona cada 25 horas como resultado del abuso de las fuerzas de seguridad. Además de los fusilamientos, las torturas, el hostigamiento y la violencia de los allanamientos, el retroceso en la garantía de los derechos humanos se evidencia -nuevamente- en la represión violenta de manifestaciones populares (murgas, actos y formas de protesta social). Más recientemente, el ingreso de fuerzas de seguridad en establecimientos educativos también alerta sobre el resurgimiento de prácticas autoritarias del pasado.

¿Y cómo ha sido el tratamiento de este tema por parte de los medios y los comunicadores sociales?
 
Las relaciones entre la comunicación y la violencia institucional han sido complejas, sobre todo en los grandes medios de comunicación masiva. El tratamiento periodístico de estos hechos ha tenido falencias, omisiones, e intencionalidades que perjudicaron el buen desarrollo del tema. En algunos casos, por no contar con las herramientas necesarias para trasmitir las violaciones a los derechos humanos. Generalmente, la principal fuente resulta ser la información policial u oficial que no es chequeada en profundidad y suele omitir la presencia de otras voces como familiares, victimas, vecinos/as y organizaciones sociales. En muchos otros casos, los “errores” se cometen con claras pretensiones de ocultar y/o encubrir delitos cometidos por el Estado.
El famoso titular “La crisis causó dos nuevas muertes” utilizado para nombrar al asesinato de los militantes Kosteki y Santillán en manos de la policía provincial en junio de 2002, los eufemismos en el uso de palabras como “desalojo”, “liberación”, “choque”, “enfrentamiento”, para evitar la palabra represión en los casos de protesta social, los diversos eufemismos para no señalar patrones estructurales de la práctica abusiva entre las fuerzas de seguridad. Estos son sólo algunos ejemplos de la necesidad de transmitir imágenes y mensajes que eviten la reproducción de estigmatizaciones y discriminaciones y a la vez construir sentidos que vayan en dirección de dar visibilidad a una problemática que es sistemáticamente ocultada.
Al ser una cuestión que refleja un funcionamiento no deseado de las instituciones estatales, la comunicación constituye un recurso importante para garantizar el acceso a la información. Pero además, las buenas formas comunicacionales colaboran para no fortalecer estereotipos que vulneran a los mismos sectores que habitualmente son víctimas de estas prácticas. Un ejemplo de ello son los jóvenes de sectores populares que generalmente son representados muy negativamente para intentar justificar hechos de violencia institucional.
Es por ello, que proponemos esta realización audiovisual, no sólo como forma de denuncia o puesta en valor de otras miradas, sino también como forma de reflexionar el pasado, presente y futuro de estos hechos que nos marcan como sociedad.

El Concurso
 
Convocamos a estudiantes de Escuelas Secundarias y de Instituciones educativas de Nivel Superior Universitarios y no Universitarios de gestión pública a pensar a la violencia institucional por medio de la tarea creativa, mediante la realización de un audiovisual video-minuto.
La finalidad del concurso es fomentar la creatividad, la reflexión y la concientización sobre la experiencia de las violaciones de derechos humanos en Argentina, y promover el ejercicio de la comunicación como herramienta para la comprensión del presente y la proyección del futuro.
El concurso presenta dos categorías destinadas a estudiantes de Escuelas Secundarias y de Instituciones educativas de Nivel Superior Universitarios y no Universitarios de gestión pública de todo el territorio nacional.
Los audiovisuales deberán cumplimentar las condiciones de realización y entrega en formas y fechas acordadas en la presente convocatoria.