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Día Internacional de los Derechos Humanos

10/12/2016

Todos los 10 de diciembre, se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración es un ideal común que todos los pueblos y naciones deben esforzarse en perseguir, asegurando su reconocimiento y aplicación universales y efectivos.

Diseño: Mariana Migueles > www.behance.net/marianamigueles skype: marian_ecuador

 
En octubre de 2015, Gerardo Morales, dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Jujuy, fue electo gobernador. Morales, quien era senador nacional y presidente del partido en su provincia, estaba enfrentado políticamente con la organización social Tupac Amaru y particularmente con Milagro Sala, su principal referente. Poco después de asumir su cargo, Morales anunció una medida de re-empadronamiento de las cooperativas que afectaba directamente a la Tupac Amaru así como a la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy (ROS) quienes se movilizaron a la plaza principal de la capital jujeñapara solicitar la apertura de una mesa de diálogo entre el poder ejecutivo provincial y las organizaciones sociales, e iniciaron un “acampe” que se mantuvo por 50 días. En paralelo, y también a pocos días de ser electo gobernador, Morales impulsó una serie de reformas al poder judicial provincial que le permitieron nombrar a dirigentes radicales y otros aliados en puestos clave en un tiempo récord. Llevó el número de integrantes del Superior Tribunal provincial de cinco a nueve y en la misma semana designó entre sus nuevos miembros a dos de los diputados radicales que acababan de votar la ley de ampliación, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, y a un tercero que también había sido legislador de la UCR, Federico Otaola. Al frente del Ministerio Público Fiscal quedó un funcionario judicial también de origen radical y en el de la Defensa una de las hermanas del vicegobernador Carlos Haquim. Uno de los dos jueces que ordenaron el desalojo del acampe de la Tupac Amaru, Matías Ustares Carrillo, fue designado en el marco de estas reformas por Morales, quien en paralelo denunció al fiscal Daniel Osinaga por no perseguir ni imputar a los dirigentes que mantenían la protesta.
Los días subsiguientes a la movilización y el acampe de las organizaciones sociales jujeñas, distintos referentes de la Tupac Amaru y de la ROS fueron víctimas de hostigamiento y persecución penal, incluyendo la detención arbitraria de Milagro Sala, quien fue acusada de instigar el delito de entorpecimiento de la circulación al organizar la protesta y de cometer sedición por rechazar una medida provincial relacionada con el trabajo en cooperativas del cual forma parte.
 
Frente a esta situación, Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) solicitaron en el mes de enero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares para garantizar la libertad de Milagro Sala, y el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy.En la presentación realizada a la CIDH, las organizaciones de derechos humanos alertaron sobre la situación que se vive en la provincia: “la gravedad se manifiesta en el inicio de una persecución penal con exclusivo sustento en el desarrollo de una protesta que ha llegado a la criminalización de cuatro de sus referentes, a la detención de una de ellos y a atemorizar al grupo que reclama por sus derechos con una orden explícita de desalojo de la protesta. Se concreta así un impacto arrollador sobre el ejercicio de la libertad de expresión”.
 
Milagro Sala fue privada de la libertad el día 16 de enero de 2016. Apenas 13 días después, el 29 de enero, el Juez titular del Juzgado de Control No. 3 de Jujuy ordenó su excarcelaciónen esa causa. Sin embargo, a pesar de esa resolución, la dirigente permanecehasta hoy privada de la libertad por una nueva causa que fue abierta un día antes del dictado de aquella resolución,  en la que el Ministerio Público la acusa como jefa de una asociación ilícita y coautora de los delitos de extorsión y fraude contra la administración pública, denuncia que fue ampliada posteriormente por el ejecutivo provincial.
 
En el mes de febrero, las mismas organizaciones peticionantes ante la CIDH (CELS, Amnistía Internacional y ANDHES) presentaron una nueva denuncia internacional ante laONU que obtuvo como respuesta una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas del pasado mes de octubre. Esa decisión, tomada por el Grupo luego de  considerar la información sobre todas las causas judiciales que involucran a Milagro Sala, aportada tanto por las organizaciones que realizaron la denuncia como por el Estado argentino,concluyó que "la detención de la señora Milagro Sala es arbitraria" y en consecuencia solicitó "al gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato". El Grupo de Trabajo determinó que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida en el tiempo, que impidieron el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada. Además, entendió que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva y que, por otra parte, por su condición de parlamentaria del Mercosur, contaba con fueros que impedían su detención.
 
A la resolución del Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria de ONU, se sumó una declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 3 de noviembre, que solicitó información al Estado argentino para conocer las acciones que se están implementando para el cumplimiento de la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU.  En el comunicado emitido, la CIDH “expresa su preocupación con respecto a la detención preventiva prolongada de Milagro Sala, y llama al Estado argentino, en particular a la provincia de Jujuy, a tomar acciones urgentes para responder las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo". Además, en el mismo comunicado, la CIDH recuerda que "la prisión preventiva es excepcional, sólo puede extenderse por un período razonable y no puede ser usada como una medida punitiva" y que “la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización".
 
Otras voces de la comunidad internacional de los derechos humanos se pronunciaron en los últimos días: el 28 de noviembre se hizo pública una carta al gobierno argentino del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigiendo la inmediata liberación de Sala; una solicitud de cumplimiento de la resolución de la ONU fue manifestada por Pastor Murillo, relator para Argentina del Comité contra la Discriminación Racial, también de la ONU, cuando los integrantes del ese Comité se reunieron en el mes de noviembre en Ginebra con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj; y también otro organismo de la ONU, el de la CEDAW (Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer) consultó públicamente a la presidenta del Consejo Nacional de las Mujeres, Fabiana Túñez, respecto del modo en que el gobierno argentino iba a hacer efectiva la resolución del Grupo de Trabajo que ordenó la inmediata liberación de Sala.